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En Países serios, si el que se postula para presidente de la nación no quiere debatir, el pueblo le da la espalda, lo deja de lado y lo castiga con el voto. En países serios la sociedad no vota a postulantes a Presidente si su partido esta claramente mezclado con el narcotráfico, la corrupcion, los niños con hambre, la pobreza y la inseguridad sin fin, además si su partido político tiene a un vice presidente de la nación procesado por delitos gravísimos y confirmado un juicio oral,estando este vicepresidente en funciones, además si su partido político tiene a su presidenta en funciones con 117 denuncias...que parte no se entiende??
Jaime tuvo que aceptar hechos de corrupción para no ir a juicio
La complicada situación judicial del ex secretario de Transporte K. Aceptó que recibió dádivas de empresarios de transporte para negociar una reducción de penas.
De costado. El ex secretario de Transporte K sale ayer de los tribunales federales. Pedro Lázaro Fernández
Lucio Fernández Moore
El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime admitió ayer haber cometido delito al haber viajado en taxis aéreos pagados por empresarios del sector al que debía controlar y acordó un “juicio abreviado” con el fiscal Guillermo Marijuán que ahora deberá refrendar el juez Julián Ercolini.
El juicio contra Jaime y otros imputados debía comenzar hoy, pero lo que se discutirá, no en debate oral y público, a partir de las 10.30, será el acuerdo alcanzado por el ex funcionario kirchnerista para evitar atravesar el juicio y una probable condena. A través del llamado “juicio abreviado”, Jaime admitió su culpabilidad y acordó con la Fiscalía una pena de un año y medio de prisión, que no es efectiva sino que queda en suspenso. El ex secretario de Transporte ya tiene una condena a seis meses de cárcel por haber intentado ocultar pruebas durante un allanamiento en el marco de la causa que lo tiene procesado por presunto enriquecimiento ilícito.
Además, Jaime ya enfrenta un juicio oral y público por su presunta responsabilidad en la llamada “tragedia de Once”, el accidente ferroviario en el que murieron 51 personas -una de ellas embarazada- en febrero de 2012. En ese juicio, el ex funcionario kirchnerista recibió un pedido fiscal de pena de más de once años de prisión.
En caso de sumar condenas que superen los tres años de prisión y en la medida en que estén firmes al ser confirmadas por un tribunal superior, Jaime tendrá que ir efectiva e indefectiblemente a la cárcel. Hoy deberá ratificar ante Ercolini el acuerdo alcanzado con el juez.
El ex secretario de Transporte, que renunció a ese cargo luego de la derrota electoral kirchnerista de 2009, donde participó del armado de las listas de candidatos en su provincia natal, Córdoba, había logrado suspender el inicio de este juicio la semana pasada, bajo la excusa de una supuesta enfermedad de una de sus hijas, también investigadas por su presunto enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, un día antes de la nueva fecha puesta para el inicio del juicio oral y público, el también ex funcionario santacruceño acordó con la fiscalía su culpabilidad y la pena correspondiente. Ercolini tiene ahora diez días de plazo para dictar sentencia. Al igual que Jaime, su ex secretario Manuel Vázquez también acordó un juicio abreviado, lo cual implica la aceptación de la culpabilidad. Ambos están acusados del delito de dádivas. El resto de los acusados -entre ellos Néstor Otero, el ex titular de la concesionaria de la terminal de Retiro que le pagaba el alquiler de su departamento porteño- pidieron una “probation” para evitar el juicio, lo cual también implica admitir la comisión del delito por el que iban a ser juzgados. Jaime ya tiene una condena a seis meses de prisión por haber intentado robar prueba de un allanamiento que la Justicia realizó en 2010 en su vivienda de Córdoba en la causa en la que está procesado por enriquecimiento ilícito. En el juicio abreviado que tramite en los tribunales federales también están acusados Vázquez, su hijo Manuel, Cirigliano, el ex directivo de Aerolíneas Argentinas Jorge Molina y los ex directivos de TEBA Néstor Otero, Alfredo Pielach, Edgardo Preiti y Gabriel Ackerman.Fuente: Clarin
01/10/15
Imputaron por lavado al titular de la CGT oficialista
GREMIOS Y PODER.Es el metalúrgico Antonio Caló, denunciado por cobrar US$ 20.000 mensuales durante más de 20 años. Los pagos arrancaron en la época en que la UOM era manejada por Lorenzo Miguel.
Lucio Fernández Moores
El titular de la CGT oficialista y secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, y casi medio centenar de dirigentes de ese sindicato, incluso fallecidos, como su histórico antecesor Lorenzo Miguel, fueron imputados y quedaron bajo investigación en una causa penal por presunto lavado de dinero. Caló, entre otros, habría cobrado US$ 20.000 al mes en una maniobra ilegal.
Esto es consecuencia de un dictamen firmado en los últimos días por la fiscal en lo Penal Económico Gabriela Ruiz Morales que deriva de un juicio seguido a un ex abogado del gremio al que encontraron con 800 mil dólares que quería trasladar sin declarar al Uruguay.
El abogado, Segundo Pantaleón Córdoba, fue condenado recientemente a un año y nueve meses de prisión por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2, pero en esa sentencia se ordenó investigar lo que el propio acusado había admitido ante la Justicia: que había cobrado durante años un “sobresueldo” producto de dinero desviado a los bolsillos de los dirigentes del sindicato a partir de un seguro de vida y sepelio que se le cobraba a todos los afiliados a la UOM.
Por esto se abrió una causa en 2011 contra Córdoba en el juzgado a cargo de Pablo Yadarola, quien analiza el requerimiento fiscal y las medidas allí solicitadas, según dijeron a Clarín fuentes judiciales. Córdoba también es investigado en otro juzgado del fuero Penal Económico por presunto lavado de dinero que no provendría de este seguro que se les cobran a los afiliados al sindicato metalúrgico.
El sindicato contrató en 1987 como aseguradora a la firma Instituto de Seguros S.A., en ese entonces llamada Instituto Cooperativo de Seguros, Cooperativa de Seguros Generales Ltda. Desde la creación del seguro hasta al menos el año pasado, los acusados se repartieron el 20% del total de los ingresos al sindicato en ese concepto. En el caso de Caló habrían sido unos 20 mil dólares mensuales (ver Cómo funcionaba el circuito de pagos, en página 4).
Los pagos fueron reconocidos por dos abogados y un contador que trabajaron para la UOM y que declararon como testigos en el juicio seguido a Córdoba, quien pese a haber cobrado estas sumas de dinero (20 mil dólares mensuales) está acusado de no haber pagado la cuota alimentaria de su hija en el juicio de divorcio que tiene con su ex esposa.
“No existe ningún aval documental ni de otro tipo que permitan justificar las sumas de dinero percibidas en moneda extranjera y mensualmente por Córdoba y por un grupo reducido y selecto de la entidad sindical”, expresó la fiscal en la ampliación de su requerimiento de instrucción conocido ayer. Y concluyó que “lo expuesto permite sostener la imposibilidad de adjudicar una procedencia lícita del dinero en moneda extranjera que era percibida por el entonces imputado, y en consecuencia, por las restantes autoridades gremiales que percibían esas sumas dinerarias de origen espurio”.
La fiscal le pidió también al juez investigar a sindicalistas fallecidos, como Lorenzo Miguel, por cuanto los bienes adquiridos con el dinero supuestamente ilícito aún podrían estar en manos de sus herederos. Entre los investigados se encuentran Luis Guerrero (secretario adjunto fallecido en 2013), Lisandro Zapata, Juan Carlos Chumen, Aníbal Martínez y diversos integrantes del secretariado nacional como el intendente del partido de Tres de Febrero, Hugo Omar Curto.
También serán investigados Naldo Brunelli, Carlos Monteverde, Carlos Gdansky, Francisco Gutiérrez, Alfredo Yáñez, Gregorio Minguito, Enrique Salinas, Eugenio Blanco, Julio César Núñez, Antonio Cattaneo, Raúl Torres, Angel Recupero y Juan Belén, entre otros. Están sospechados de haber cobrado dinero extra a partir de los seguros de vida y sepelio descontados a los afiliados al sindicato.
La investigación alcanza a directivos de la aseguradora, entre ellos el fallecido Julio Raele y su hijo; Claudio Trepat y Haydee Castellano de Raele, Lorena Raele, Valeria Raele, Enrique Uriarte, Jorge Antelo, Oscar Lescano, María Balza, Julia Raele, Nelly Raele, Juan Bensi y Gonzalo Barrio Mendoza, entre otros.
La complicada situación judicial del ex secretario de Transporte K. Aceptó que recibió dádivas de empresarios de transporte para negociar una reducción de penas.
De costado. El ex secretario de Transporte K sale ayer de los tribunales federales. Pedro Lázaro Fernández
Lucio Fernández Moore
El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime admitió ayer haber cometido delito al haber viajado en taxis aéreos pagados por empresarios del sector al que debía controlar y acordó un “juicio abreviado” con el fiscal Guillermo Marijuán que ahora deberá refrendar el juez Julián Ercolini.
El juicio contra Jaime y otros imputados debía comenzar hoy, pero lo que se discutirá, no en debate oral y público, a partir de las 10.30, será el acuerdo alcanzado por el ex funcionario kirchnerista para evitar atravesar el juicio y una probable condena. A través del llamado “juicio abreviado”, Jaime admitió su culpabilidad y acordó con la Fiscalía una pena de un año y medio de prisión, que no es efectiva sino que queda en suspenso. El ex secretario de Transporte ya tiene una condena a seis meses de cárcel por haber intentado ocultar pruebas durante un allanamiento en el marco de la causa que lo tiene procesado por presunto enriquecimiento ilícito.
Además, Jaime ya enfrenta un juicio oral y público por su presunta responsabilidad en la llamada “tragedia de Once”, el accidente ferroviario en el que murieron 51 personas -una de ellas embarazada- en febrero de 2012. En ese juicio, el ex funcionario kirchnerista recibió un pedido fiscal de pena de más de once años de prisión.
En caso de sumar condenas que superen los tres años de prisión y en la medida en que estén firmes al ser confirmadas por un tribunal superior, Jaime tendrá que ir efectiva e indefectiblemente a la cárcel. Hoy deberá ratificar ante Ercolini el acuerdo alcanzado con el juez.
El ex secretario de Transporte, que renunció a ese cargo luego de la derrota electoral kirchnerista de 2009, donde participó del armado de las listas de candidatos en su provincia natal, Córdoba, había logrado suspender el inicio de este juicio la semana pasada, bajo la excusa de una supuesta enfermedad de una de sus hijas, también investigadas por su presunto enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, un día antes de la nueva fecha puesta para el inicio del juicio oral y público, el también ex funcionario santacruceño acordó con la fiscalía su culpabilidad y la pena correspondiente. Ercolini tiene ahora diez días de plazo para dictar sentencia. Al igual que Jaime, su ex secretario Manuel Vázquez también acordó un juicio abreviado, lo cual implica la aceptación de la culpabilidad. Ambos están acusados del delito de dádivas. El resto de los acusados -entre ellos Néstor Otero, el ex titular de la concesionaria de la terminal de Retiro que le pagaba el alquiler de su departamento porteño- pidieron una “probation” para evitar el juicio, lo cual también implica admitir la comisión del delito por el que iban a ser juzgados. Jaime ya tiene una condena a seis meses de prisión por haber intentado robar prueba de un allanamiento que la Justicia realizó en 2010 en su vivienda de Córdoba en la causa en la que está procesado por enriquecimiento ilícito. En el juicio abreviado que tramite en los tribunales federales también están acusados Vázquez, su hijo Manuel, Cirigliano, el ex directivo de Aerolíneas Argentinas Jorge Molina y los ex directivos de TEBA Néstor Otero, Alfredo Pielach, Edgardo Preiti y Gabriel Ackerman.Fuente: Clarin
01/10/15
Imputaron por lavado al titular de la CGT oficialista
GREMIOS Y PODER.Es el metalúrgico Antonio Caló, denunciado por cobrar US$ 20.000 mensuales durante más de 20 años. Los pagos arrancaron en la época en que la UOM era manejada por Lorenzo Miguel.
Lucio Fernández Moores
El titular de la CGT oficialista y secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, y casi medio centenar de dirigentes de ese sindicato, incluso fallecidos, como su histórico antecesor Lorenzo Miguel, fueron imputados y quedaron bajo investigación en una causa penal por presunto lavado de dinero. Caló, entre otros, habría cobrado US$ 20.000 al mes en una maniobra ilegal.
Esto es consecuencia de un dictamen firmado en los últimos días por la fiscal en lo Penal Económico Gabriela Ruiz Morales que deriva de un juicio seguido a un ex abogado del gremio al que encontraron con 800 mil dólares que quería trasladar sin declarar al Uruguay.
El abogado, Segundo Pantaleón Córdoba, fue condenado recientemente a un año y nueve meses de prisión por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2, pero en esa sentencia se ordenó investigar lo que el propio acusado había admitido ante la Justicia: que había cobrado durante años un “sobresueldo” producto de dinero desviado a los bolsillos de los dirigentes del sindicato a partir de un seguro de vida y sepelio que se le cobraba a todos los afiliados a la UOM.
Por esto se abrió una causa en 2011 contra Córdoba en el juzgado a cargo de Pablo Yadarola, quien analiza el requerimiento fiscal y las medidas allí solicitadas, según dijeron a Clarín fuentes judiciales. Córdoba también es investigado en otro juzgado del fuero Penal Económico por presunto lavado de dinero que no provendría de este seguro que se les cobran a los afiliados al sindicato metalúrgico.
El sindicato contrató en 1987 como aseguradora a la firma Instituto de Seguros S.A., en ese entonces llamada Instituto Cooperativo de Seguros, Cooperativa de Seguros Generales Ltda. Desde la creación del seguro hasta al menos el año pasado, los acusados se repartieron el 20% del total de los ingresos al sindicato en ese concepto. En el caso de Caló habrían sido unos 20 mil dólares mensuales (ver Cómo funcionaba el circuito de pagos, en página 4).
Los pagos fueron reconocidos por dos abogados y un contador que trabajaron para la UOM y que declararon como testigos en el juicio seguido a Córdoba, quien pese a haber cobrado estas sumas de dinero (20 mil dólares mensuales) está acusado de no haber pagado la cuota alimentaria de su hija en el juicio de divorcio que tiene con su ex esposa.
“No existe ningún aval documental ni de otro tipo que permitan justificar las sumas de dinero percibidas en moneda extranjera y mensualmente por Córdoba y por un grupo reducido y selecto de la entidad sindical”, expresó la fiscal en la ampliación de su requerimiento de instrucción conocido ayer. Y concluyó que “lo expuesto permite sostener la imposibilidad de adjudicar una procedencia lícita del dinero en moneda extranjera que era percibida por el entonces imputado, y en consecuencia, por las restantes autoridades gremiales que percibían esas sumas dinerarias de origen espurio”.
La fiscal le pidió también al juez investigar a sindicalistas fallecidos, como Lorenzo Miguel, por cuanto los bienes adquiridos con el dinero supuestamente ilícito aún podrían estar en manos de sus herederos. Entre los investigados se encuentran Luis Guerrero (secretario adjunto fallecido en 2013), Lisandro Zapata, Juan Carlos Chumen, Aníbal Martínez y diversos integrantes del secretariado nacional como el intendente del partido de Tres de Febrero, Hugo Omar Curto.
También serán investigados Naldo Brunelli, Carlos Monteverde, Carlos Gdansky, Francisco Gutiérrez, Alfredo Yáñez, Gregorio Minguito, Enrique Salinas, Eugenio Blanco, Julio César Núñez, Antonio Cattaneo, Raúl Torres, Angel Recupero y Juan Belén, entre otros. Están sospechados de haber cobrado dinero extra a partir de los seguros de vida y sepelio descontados a los afiliados al sindicato.
La investigación alcanza a directivos de la aseguradora, entre ellos el fallecido Julio Raele y su hijo; Claudio Trepat y Haydee Castellano de Raele, Lorena Raele, Valeria Raele, Enrique Uriarte, Jorge Antelo, Oscar Lescano, María Balza, Julia Raele, Nelly Raele, Juan Bensi y Gonzalo Barrio Mendoza, entre otros.
Juicio por Once: para Schiavi, el fiscal "no fue objetivo ni veraz"
La tragedia que dejó 51 muertos.
El ex secretario de Transporte, que enfrenta un pedido de más de 10 años de prisión, dijo que no tiene miedo de ir preso. Y apuntó a su ex jefe, el ministro De Vido, porque no recibió fondos suficientes para los trenes.
Jaime y Schiavi. El fiscal pidió más de 10 años de cárcel para los ex secretarios de Transporte del kirchnerismo.
El secretario de Transporte durante la tragedia de Once, Juan Pablo Schiavi, aseguró hoy que "no" tiene miedo de ir preso por el accidente ferroviario que dejó 51 muertos y cuestionó a la Fiscalía, al advertir que su alegato "no fue objetivo ni veraz". Además, en sus declaraciones, dijo que en su gestión el Gobierno nacional no le dio fondos suficientes, con lo que pareció apuntar, sin nombrarlo, al ministro de Planifiación, Julio De Vido.
"No tengo temor de lo que pueda pasar", dijo Schiavi y también advirtió que con la lógica que habló el fiscal Fernando Arrigo, quien pidió una condena de 10 años y 10 meses de prisión para él y otros funcionarios, "hoy habría que parar todos los trenes de la Argentina".
"Yo no me senté a esperar a ver qué sucedía con los fondos que me dieron", se defendió Schiavi en conversación con radio Vorterix.
El ex funcionario kirchnerista insistió con que durante su gestión, el Gobierno nacional le dio "el 3,38 por ciento del presupuesto que le dieron a (Florencio) Randazzo". Así, buscó deslindar su responsabilidad hacia las autoridades superiores en el Gobierno nacional.
El ex funcionario dijo que tras los argumentos de la Fiscalía sintió "una idea de linchamiento mediático" y advirtió que se trató de una exposición que trató de "satisfacer un dolor muy profundo que tienen los familiares", pero se dejó "pasar la prueba objetiva de lo que fue el accidente en sí".
Schiavi ayer recibió el pedido de condena del fiscal del juicio por la tragedia de Once, Fernando Arrigo, quien también acusó a su antecesor en el cargo, Ricardo Jaime, para quien solicitó 11 años de prisión.
El alegato del fiscal fue elogiado por los familiares de las víctimas, que lo calificaron de "muy detallado" e "implacable".
Finalizada la instancia de alegatos en el juicio que se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal 2, el ex secretario de Transporte sostuvo que "la Fiscalía repitió una serie de falsedades que por repetidas pareciera que deben ser verdades".
Al respecto, rechazó haber incurrido en el delito de "administración fraudulenta", al indicar que no estaba entre sus atribuciones rescindir el contrato de la concesionaria del tren Sarmiento porque esto "debe hacerlo la autoridad de aplicación ferroviaria".
"(El fiscal) Puso en mi persona la culpa de que yo no rescindí el contrato. Repitió 36 veces 'Schiavi era la aplicación de la autoridad ferroviaria', que es la que puede rescindir el contrato, pero esto no es así", se defendió.
El ex funcionario agregó que Arrigo "también que ha usado falsedades" para imputarlo en el delito de "estrago doloso", al expresar que "no hay antecedente de una autoridad política que esté al tanto de lo que pasa en la formación de un coche de determinado servicio. ¿Cómo yo de manera directa puedo estar vinculado con un accidente puntual ocurrido en un lugar?", se preguntó el ex funcionario, quien añadió que "en el lugar y en el momento" del accidente, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) "no dijo que esa formación no podía funcionar".
En este sentido, conjeturó que "no existe la lógica de que la autoridad política tiene que estar detrás del detalle de todo lo que sucede" porque, ejemplificó, "con esa lógica habría que imputar al ministro de Salud por cada muerte en un hospital".
Droga, capacidad, intención de voto: encuesta incómoda para Aníbal Fernández
ELECCIONES 2015.Un sondeo pone al narcotráfico como el tema más grave de la Provincia. Y deja dudas sobre su capacidad para combatirlo.
Candidatos. María Eugenia Vidal, Aníbal Fernández, Felipe Solá.
Otra vez la droga. La revelación del descontrol en la importación de dos de las sustancias más consumidas por los jóvenes volvió a empantanar la campaña de Aníbal Fernández. Su doble rol de funcionario y candidato lo complica. Y una encuesta lo ratifica.
El jefe de Gabinete quedó envuelto en una nueva polémica el fin de semana, cuando a través del programa de Jorge Lanata y Clarín se supo que Fernández había prometido en 2008 un mayor controlsobre lo que se conoce como "éxtasis líquido" y "lanzaperfumes" y, sin embargo, esas limitaciones llegaron tarde y mal. La revelación del caso salpicó también a dos funcionarios de buena llegada al jefe de Gabinete: el ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, y su esposa, Raquel Méndez, con cargo en la ANMAT.
Los principales rivales de Fernández para la elección a gobernador recogieron el guante al instante y volvieron a agitar el fantasma que camina junto al jefe de Gabinete desde que arrancó la campaña. "Si viven en la Provincia, cuídense de 'La Morsa'", le regaló Felipe Solá, del massista UNA. Así, "La Morsa", es la identificación que le dio a Aníbal F. uno de los acusados y apresados por el Triple Crimen de la efedrina. Según su testimonio, el actual jefe de Gabinete fue uno de los autores intelectuales de esos asesinatos.
"Cuando la gente ve a Aníbal Fernández y me ve a mí sabe quién puede sacar a sus hijos de la droga", se sumó María Eugenia Vidal, del macrista Cambiemos. El funcionario se defendió y resumió la investigación como "una porquería" de campaña.
En campaña: Aníbal Fernández y Sabbatella, la fórmula K para la Provincia. Atrás, Mariotto.
Una encuesta abordó esta polémica. Previsible: el jefe de Gabinete no queda bien parado. El sondeo, telefónico, de 1.000 casos en toda la provincia de Buenos Aires, con un margen de error de 3,16%, es de la consultora González & Valladares, que hizo trabajos para el massismo. Empieza preguntando a la gente "¿Cómo calificaría al estado de cada uno de los problemas en la Provincia?". El menú arranca con "Droga y narcotráfico". Para el 65,9% es "muy grave". Para un 16,4%, "grave".
Ningún otro problema, según la encuesta, tiene esos parámetros. La "inseguridad" le sigue con 55,1% "muy grave" y 18,6% "grave". Le siguen (siempre tomando para el orden de la escala el "muy grave") "Jóvenes que ni estudian ni trabajan" (54,5% "muy grave" y 18,5% "grave"), "Salud y hospitales" (44,1% y 24,2%), "Pobreza e indigencia" (41,8% y 27,3%), "Madres adolescentes por embarazos no deseados" (38,4% y 28,2%), "Educación y escuelas" (38,2% y 26,1%) y cierra "Estado de rutas provinciales" (23,8% y 25,9%).
El promedio general no es buena para Daniel Scioli, gobernador de ese distrito hace casi ocho años: 42,3% de problemas "muy graves" y 24,1% de problemas "graves".
Después, la encuesta consulta "¿Qué candidato a gobernador cere que será más capaz de afrontar los problemas'". Y allí aparecen los problemas para Aníbal Fernández. Sólo puntea en el rubro "Estado de rutas provinciales", con un 29,9%. En casi todo el resto, aparece tercero, debajo de Vidal y Solá. La candidata de Cambiemos puntea la mayoría. Aunque su rival de UNA la aventaja en los dos rubros más sensibles: "Droga" e "Inseguridad".
Cierto alivio para postulante a gobernador K viene cuando se mide la intención de voto, con las fórmulas combinadas, como están en el cuarto oscuro. Allí, el arrastre de Scioli los ubica primero con casi el 37% de los votos. Cuando se los mide por separado, el orden es Vidal, Fernández, Solá.
" SCIOLI Y LOS CINCO JINETES DEL APOCALIPSIS KIRCHNERISTA (aunque faltan muchos otros)"----RICARDO JAIME-----ANTONIO CALO-----JUAN PABLO SCHIAVI-----ANIBAL FERNANDEZ----NO SE OLVIDEN DEL VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA, TODAVIA EN FUNCIONES...IMPUTADO, PROCESADO Y ESPERANDO EL SEGURO JUICIO ORAL, EL DE LA GUITARRITA,AMADO BOUDOU En Países serios, si el que se postula para presidente de la nación no quiere debatir, el pueblo le da la espalda, lo deja de lado y lo castiga con el voto. En países serios la sociedad no vota a postulantes a Presidente si su partido esta claramente mezclado con el narcotráfico, la corrupcion, los niños con hambre, la pobreza y la inseguridad sin fin, además si su partido político tiene a un vice presidente de la nación procesado por delitos gravísimos y confirmado un juicio oral,estando este vicepresidente en funciones, además si su partido político tiene a su presidenta en funciones con 117 denuncias...que parte no se entiende??...Titulado, comentado y publicado por SALAM JOB...
